El conflicto anglo-irlandés I

El inicio del conflicto anglo-irlandés está marcado por la invasión a la isla en 1171 por parte de un ejército comandado por el rey ingles Enrique II, que buscaba el sometimiento del conde de Pembroke. La isla, que se encontraba dividida en principados rivales, fue, a partir de entonces, conquistada poco a poco por señores feudales ingleses. Tras la peste 1348, Irlanda dejo de ser atractiva para estos, cuyo absentismo redujo la zona bajo su dominio, limitándola en el siglo XV a una franja de territorio entre Dublín y Dundalk. A finales de este siglo, el rey Enrique VII, apoyado por un ejército invasor, impuso el dominio judicial al establecer la subordinación de la legislación irlandesa a la inglesa. Su hijo Enrique VIII recibió el título de rey de Irlanda por parte del parlamento irlandés en 1541.

Tras el rechazo de Enrique VIII a la autoridad papal y con la fundación de la Inglesa anglicana, se añadió al problema político el problema religioso, que en adelante daría identidad nacional a los irlandeses, quienes se mantuvieron fieles a roma, sobre todo tras la dura represión de la revuelta del Ulster (provincia del norte de la isla) entre 1593 y 1603. A partir de entonces, la dinámica del conflicto, siempre con ventaja para los ingleses, fue un proceso sabido: rebelión, represión, apropiación y adjudicación de tierras a colonos ingleses y escoceses. El estallido de la guerra civil de 1611, que enfrento a los protestantes y los católicos de Ulster, origino una separación tajante entre las dos comunidades. Luego del corto reinado (1685-88) del monarca católico Jacobo II, que intento restaurar el catolicismo, el parlamento protestante  Irlandés  aprobó un código penal que prohibía a los católicos asistir a misa y comprar o heredar tierra, con lo que la economía de los irlandeses nativos colapso. De este modo comenzó un periodo de dominio protestante en Irlanda, que se extendió casi por un siglo, hasta cuando el primer ministro británico William Pitt impulso en 1795 la promulgación de una ley que dio a los católicos el derecho  a votar y ser elegidos, sobre las mismas bases que los protestantes.